El Colectivo Gamá, Chrysallis Canarias, Aranda LGTBI y Draga convocan en Gran Canaria, al igual que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) a nivel nacional, una manifestación conjunta y unitaria bajo el lema “Ley trans: derechos humanos, sin recortes, para todes”.  Las organizaciones trans y LGTBI invitamos también a cualquier otra organización a sumarse a la convocatoria para exigir al Gobierno que no recorte los derechos humanos de las personas trans en la Ley Trans y LGTBI.

La manifestación será el próximo sábado 10 de diciembre, a las 16.00 h.c., en la Plaza de la Feria, frente a la Delegación del Gobierno en Canarias. Desde los colectivos convocantes animamos a todos, todas y todes las personas que se animen a alzar la voz para exigir a los socialistas que se garanticen todos los derechos y para reclamar al Gobierno que negocie y acuerde garantizar los derechos fundamentales de las personas trans, que ya son reconocidos por 15 legislaciones internacionales y respaldados por Naciones Unidas y la Unión Europea.

Desde Gamá, nuestra secretaria Marcos Ventura Armas quiere resaltar que “la unidad ha sido un elemento histórico en los colectivos LGTBI y Trans canarios, no así en el resto de España”, por lo que “esta convocatoria unitaria nos parece muy importante porque estamos todes a una. Estamos viviendo un momento histórico en el que estamos a punto de conseguir unos derechos que son básicos para poder tener una vida digna y nos quieren arrebatar esa posibilidad”. Además, considera que “solo queremos que todos los actores políticos, pero especialmente aquellos que no están queriendo escuchar las demandas de un colectivo al que históricamente han apoyado, tengan en cuenta que todo el colectivo LGTBI está unido y no vamos a cejar en nuestro empeño, ni ceder un ápice porque ya lo hicimos en leyes anteriores, como fue la ley de mínimos de 2007, y estamos hartas de tener que aguantarnos con lo mínimo. Queremos nuestros derechos, todos y los queremos ya”.

En este sentido, la presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil, denuncia que “el partido socialista está poniendo en peligro una ley que lo único que pretende es garantizar la dignidad de una de las minorías más vulnerables de nuestro país”. “No podemos seguir teniendo una legislación que discrimina a parte de su ciudadanía”, alerta.

“Exigimos al partido socialista que respete los derechos aprobados en Consejo de Ministros y deje de utilizar a nuestra infancia como arma arrojadiza en sus contiendas políticas. Estamos hablando de la vida de menores, por favor, dejen de jugar con nuestras vidas”, clama la presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil.

“El anteproyecto de ley aprobado pretende precisamente desmedicalizar las realidades trans. Ni cirugías, ni hormonación obligatoria. Esta ley es una ley administrativa, como la del matrimonio igualitario, para que nuestra infancia pueda ver reflejado su género en su DNI. Inseguridad es la que viven actualmente al estar expuestos a violencias amparadas por un estado que les niega y les invalida”, concluye Sangil.

Un derecho amparado por el Tribunal Constitucional y la Unión Europea

Las entidades apuntan que ya existe jurisprudencia en España que reconoce el derecho de las infancias trans a ver reflejada su identidad en su DNI. En 2019, el Tribunal Constitucional determinó que el artículo 1.1 de la Ley de 2007 para la rectificación registral del sexo, vigente a día de hoy, es inconstitucional al excluir a las personas trans menores de edad.

El Tribunal dictó en una sentencia que "establecer la propia identidad no es un acto más de la persona, sino una decisión vital, en el sentido que coloca al sujeto en posición de poder desenvolver su propia personalidad”. Cualquier persona que "se vea obligada a vivir conforme a una identidad distinta de la que le es propia sobrelleva un lastre que le condiciona de un modo muy notable".

Además, el Consejo General del Poder Judicial aseguró en su informe que “podrá ser constitucionalmente legítima (..) la opción legislativa conforme a la cual se dote al derecho a la identidad sexual de su mayor virtualidad, extendiéndose a un determinado tramo de la minoría de edad sin someterlo a condición alguna, en el marco de un procedimiento registral”.

Las entidades inciden en que este derecho está amparado por Naciones Unidas, la Unión Europea y la legislación de 15 países. En este sentido, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Asociación Transgénero e Intersexual (ILGA-Europa), que agrupa a más de 700 organizaciones de 54 países, envió este martes una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para recordar que el Comité del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Discriminación, la Diversidad y la inclusión señala que "las restricciones de edad explícitas o implícitas pueden obstruir el principio del interés superior para los jóvenes y como personas mayores trans".