El 26 de diciembre de 1978, el Congreso de los Diputados sometió a votación varios puntos de la Ley de Peligrosidad Social, heredera de la Ley de Vagos y Maleantes. Entre el articulado a debatir se encontraba el que señalaba que “serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación, los que realicen actos de homosexualidad”. La ley pretendía “corregir los defectos observados en el sistema” y atendí al “primordial compromiso de reeducar y rescatar al hombre para la más plena vida social”. La modificación de la ley, que constó con el apoyo de 278 diputados y seis abstenciones, sucedió un año después de la primera manifestación LGTBI en España, que tuvo lugar en las Ramblas d e Barcelona.
Durante la última etapa de la dictadura franquista la Ley de Peligrosidad Social fue utilizada para la represión de la homosexualidad y la transexualidad. Se establecieron penas que iban desde multas a penas de hasta cinco años de internamiento en prisiones o centros psiquiátricos. Se dispusieron dos cárceles para internar a hombres homosexuales. Los considerados activos, eran destinados a Huelva, y los pasivos, a Badajoz. En estos centros se pretendía reconducir la orientación sexual de los presos mediante “terapias de aversión”. En el caso de mujeres lesbianas, fueron ignoradas relativamente y no se planteó su ingreso en centros específicos. María Giralt, directora de Gayles TV, explicó hace unos años a El Periódico que “nos afectó muy poco porque estábamos totalmente invisibilizadas. Solo hay un caso documentado de una mujer encarcelada por lesbiana". A esto añade que "dos mujeres que vivían juntas o que iban de la mano por la calle no eran sospechosas. Por eso no se les hacía efectiva esa ley. Pero, cuando algo no existe, no se reivindica".
Aunque teóricamente, el 26 de diciembre de 1978 supuso un gran paso en la conquista de derechos del colectivo LGTBI, fue solo el comienzo de un proceso más complejo y largo en el tiempo. La Ley de Peligrosidad Social no fue derogada completamente hasta el 26 de diciembre de 1995. Además, siguió vigente la Ley de Escándalo Público, que siguió utilizándose de manera sistemática para perseguir a la población LGTBI hasta su modificación en 1983 y derogación definitiva en 1989.
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